Skip to content

LA COMUNIDAD DE MADRID DEJA SIN AYUDAS PARA LA VIVIENDA A FAMILIAS DE ALCOBENDAS QUE TENÍAN DERECHO A ELLAS ANTES DE SU ELIMINACIÓN

Familias del barrio alcobendense de Fuentelucha no recibirán las ayudas de cheque-vivienda de la Comunidad que les corresponden. Son viviendas protegidas entregadas entre 2009 y 2010  es decir, años antes de que se eliminaran estas ayudas a partir de enero. “La Comunidad se escuda en que el cheque-vivienda ha sido suprimido, pero estos vecinos tienen derecho a él desde hace más de tres años. Exigimos al alcalde, Ignacio García de Vinuesa, que defienda a estos vecinos ante el Gobierno regional”, afirma el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.

La ayuda del cheque-vivienda de la Comunidad de Madrid fue suprimida desde el pasado mes de enero como parte de los recortes del PP a las ayudas sociales. Sin embargo, esta medida no debería afectar a aquellas personas que tenían derecho a esa ayuda antes de que se eliminara. “Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es que una ley o decisión administrativa no debe tener efecto retroactivo”, explica Rafael Sánchez Acera. Es decir, “no se debe castigar con la no percepción de la ayuda a aquellas personas que tenían derecho a ella antes de que se eliminara”.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Alcobendas, donde familias del barrio de Fuentelucha no recibirán el cheque-vivienda a pesar de haber recibido sus viviendas de protección oficial entre 2009 y 2010, es decir, hasta tres años antes de la eliminación del cheque.

En la Ley 4/2012 de 14 de julio de Modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid -la que elimina los cheques vivienda- se establece que a partir de su entrada en vigor no podrán recibir estas ayudas las personas que hasta ese momento no las tenían concedidas. La Comunidad de Madrid se ampara en el silencio administrativo entre 2009 y 2012 para justificar su rechazo a conceder las ayudas a los vecinos de Fuentelucha. “Es decir, como la burocracia de la Comunidad no se dio prisa y no concedió las ayudas antes del verano de 2012, ahora estas familias se han quedado sin ellas a pesar de que cumplen los requisitos de la ley antes del tijeretazo”, explica Sánchez Acera.

“Estos vecinos han sido engañados y se encuentran haciendo frente a unos gastos que, por derecho, no deberían afrontar. Hay que recordar que son familias humildes que cumplen todos los requisitos legales para vivir en un piso de protección oficial. Sin esas ayudas muchos no podrán seguir haciendo frente a estos gastos”, advierte Sánchez Acera.

Nota de prensa

Volver arriba