EL PSOE DENUNCIA QUE LA INCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA GESTIONAR EL NUEVO CONTRATO DE LA BASURA DERROCHA 100.000 EUROS MENSUALES
El PSOE de Alcobendas denuncia que la incapacidad del equipo de Gobierno de Alcobendas para gestionar el nuevo contrato de la basura está suponiendo un derroche de 100.000 euros mensuales para las arcas municipales. Esta situación se está produciendo desde que el pasado mes de abril el Tribunal Administrativo de contratación Pública de la Comunidad de Madrid obligara a dar marcha atrás en la adjudicación del contrato, “lo que está produciendo un gasto innecesario para los alcobendenses hasta que se solucione”, denuncia el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.
El pasado 4 de febrero el Ayuntamiento de Alcobendas gobernado por el PP aprobó la adjudicación del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad. Fue adjudicado a Acciona por solamente dos puntos más que CESPA, el último adjudicatario, y presentando la peor oferta técnica. Casi tres meses después el Tribunal Administrativo de contratación Pública anuló este contrato y eliminó a Acciona del concurso, por lo que CESPA se ha hecho cargo del contrato desde entonces.
Sin embargo, Acciona ha recurrido la decisión, lo que obliga a que el servicio de recogida de la basura se realice con las condiciones del contrato anterior a la adjudicación hasta que se resuelva el recurso, lo que supone que Alcobendas está pagando unos 100.000 euros más al mes de lo que debería si se estuviera aplicando las condiciones del nuevo contrato.
“La chapuza del PP al frente del Ayuntamiento nos está costando a los vecinos de Alcobendas unos 100.000 euros al mes”, denuncia Rafael Sánchez Acera. “Si el PP hubiera hecho bien su trabajo en la mesa de contratación, no se habría llegado a esta situación y Alcobendas no sufriría este derroche innecesario”, afirma.
En este sentido, Sánchez Acera recuerda que los socialistas se abstuvieron en la mesa de contratación y ya denunciaron que la propuesta ganadora “no garantizaba las actuales condiciones laborales de los casi 200 trabajadores y el mantenimiento del número de empleos, como tampoco se garantizaba la calidad del servicio. Si se nos hubiera hecho caso entonces no se habría llegado a la situación actual”, concluye Rafael Sánchez Acera.
