Tres concejales del Partido Popular podrían haber cometido una irregularidad al haber votado a favor de la segunda empresa mejor puntuada
Los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Alcobendas, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora Peyber Hispánica, a pesar de ser la segunda empresa mejor puntuada, frente a la empresa BM3, que obtuvo la mejor puntuación.
Los concejales populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con más puntos, BM3 Obras y Servicios, S.A. con 68,70, frente a los 65,14 obtenidos por Peyber Hispánica, S.L., y su miedo a que se encargase la obra a la primera empresa. Este ‘extraño’ debate se produjo en presencia del concejal socialista Ángel Sánchez Sanguino y de la concejala de Izquierda Unida, María Benito Durango, que votaron en contra de dicha propuesta, al igual que la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal.
En opinión de Sánchez Sanguino, “en la mesa de adjudicación de las obras se ha producido una arbitrariedad que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal. Porque una cosa es hacer una propuesta motivada y otra argumentar el desconocimiento de la empresa constructora para no adjudicarle una obra que le corresponde por la puntuación obtenida en el informe técnico”.
Situaciones tan incomprensibles como ésta demuestran, en opinión de Sánchez Sanguino, “la incapacidad del gobierno municipal del Partido Popular para gestionar Alcobendas, y lo que es más grave, demuestran su osadía a la hora de tomar decisiones en una mesa de contratación. Los Socialistas de Alcobendas nos planteamos lo que puede estar ocurriendo en el resto del Ayuntamiento, por lo que hemos decidido iniciar las acciones oportunas para restablecer la legalidad, sobre todo tratándose de una obra que tiene un presupuesto que asciende a casi tres millones de euros”.
El Grupo Municipal Socialista también va a fiscalizar todos los contratos menores del Ayuntamiento de Alcobendas, porque la trama Gürtel se ha basado en este tipo de contratos y la gravedad de lo que ha ocurrido en esta mesa de contratación hace que nos preocupe el resto de adjudicaciones, sean de la cuantía que sean.
